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Ley de Derechos y Garantías  

El gobernador Omar Perotti encabezó este miércoles, en el Salón Blanco de la sede del Gobierno de Rosario, la firma del decreto de reglamentación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

El acto, fue  en el marco del “Día Provincial del Familiar y la Víctima de Inseguridad”, en conmemoración del fallecimiento de Marianela Brondino, que ocurrió el 3 de mayo de 2010, como consecuencia de un acto delictivo en la ciudad de Santa Fe.

En la oportunidad, el gobernador manifestó que “es un paso importante tener una ley, reglamentarla, haber podido trabajar con cada una de las organizaciones de familiares y tener la posibilidad que, dentro del proceso, las victimas tengan un rol importante, un rol protagónico”.

Asimismo, dirigiéndose a los familiares y víctimas de la inseguridad, Perotti destacó: “Quiero ser agradecido con cada uno de ustedes por haber transformado ese dolor en un aporte para toda la comunidad”.

Y se comprometió a continuar trabajando “para que la ley tenga visibilidad, cumplimiento y se vaya capacitando a cada uno de los organismos que tienen que intervenir en el análisis y en la atención de las víctimas”.

Sobre el final, explicó que “es clave, dentro del mismo Estado, tener la posibilidad de capacitar, para que cada uno pueda ponerse en el lugar del otro en la atención, el trato, en los procedimientos a llevar adelante y lógicamente la vinculación con el Ministerio Público de la Acusación y todas las instancias judiciales. Nos queda un trabajo de implementación muy importante y necesario para darle permanencia, visibilidad y real cumplimiento a la ley”.

En la actividad estuvieron presentes familiares y víctimas de la inseguridad, quienes participaron en la elaboración de la ley que, entre otros puntos, establece la capacitación obligatoria en perspectiva de víctimas para todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y la creación de la Defensoría de Víctimas.

POLITICA DE ESTADO

Por su parte, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena, remarcó que “esto, que es un hecho administrativo, tiene una carga muy fuerte, porque indica una política de estado que pone a las víctimas de la inseguridad en el centro de atención del Estado y es muy importante que lo hayamos construido juntos”.

Y resaltó: “Todos los ministerios tienen un rol y nosotros aprovechamos esta ley para crear un Concejo Interministerial que será el que pondrá en cuestión cada una de las demandas que vayan surgiendo del otro punto, que contiene el decreto, que es la creación de una mesa pública comunitaria, una mesa de diálogo donde las víctimas estén representadas”.

Finalmente, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo que “creo que no se toma cabal dimensión del logro, y lo quiero premiar, porque este es el acto que no debería nunca suceder. Pero, a la vez, en toda sociedad existe la necesidad del estado de reparar derechos de víctimas. Quienes nos formamos en el tema sabemos el cambio sustancial de este paradigma, porque durante muchísimo tiempo la víctima no era parte del proceso”.

UNA LEY QUE RECONOCE Y GARANTIZA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

La Ley Provincial Nº14181 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos fue sancionada por la Legislatura Provincial en diciembre de 2022. La finalidad de la misma es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito; asegurar el asesoramiento, asistencia, representación, protección, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley Nacional N°27.372 de Personas Víctimas de Delitos; y establecer y adaptar normas procedimentales para permitir el efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas.

Según la nueva ley, la actuación de las autoridades responderá a principios como la rápida intervención; enfoque diferencial, mediante el cual las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección de la víctima se adoptarán atendiendo al grado de vulnerabilidad de la misma; efectiva participación de la víctima en el proceso; no revictimización; transversalidad; y un abordaje integral e interdisciplinario en la asistencia y acompañamiento a la víctima, entre otros.

Para hacer efectivos estos principios, la ley establece la capacitación en perspectiva de víctimas para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y la creación de la Defensoría de Víctimas, en la órbita del Poder Judicial.