Dura crítica del titular de la Corte Suprema de Santa Fe a los jueces por el escándalo de Lago Escondido. Daniel Erbetta calificó el hecho como «extremadamente grave» y pidió que los funcionarios judiciales sean investigados. Alertó por el «proceso de deterioro institucional que lo que hace es bajar la calidad de la democracia».
El designado presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, se refirió a a los jueces federales, fiscales y al propio ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que viajaron a una estancia de Lago Escondido con los directivos del Grupo Clarín e intentaron ocultarlo incurriendo en varios delitos, según los supuestos chats filtrados en las últimas horas. El alto magistrado sostuvo que se trata de una situación extremadamente grave y que es parte de un «contexto de patologías institucionales que se terminan naturalizando». Pidió que se investigue a los involucrados porque atentan contra la calidad de la democracia.
«Creo que hay elementos para hacer un análisis objetivo de una situación extremadamente grave, que no es una situación única o autónoma, sino que se inserta en un contexto de patologías institucionales que se terminan naturalizando», remarcó Erbetta, que a partir del 1º de enero de 2023 asumirá como presidente de la Corte de Justicia santafesina . Admitió en declaraciones a Radio Wox 88.3 que la situación es «para preocuparse mucho porque de confirmarse estas hipótesis, se estaría confirmando el proceso de deterioro institucional que lo que hace es bajar la calidad de la democracia».
El escándalo estalló este fin de semana al revelarse indicios de la reunión de Lago Escondido. Es que esto deja al desnudo las relaciones promiscuas entre un sector de la Justicia, funcionarios del PRO, ex agentes de inteligencia y empresarios del mayor grupo de medios del país. Los indicios hablan de una reunión secreta, que una vez destapada, se intentó ocultar por sus involucrados.
En este sentido, Erbetta enfatizó que hay que ocuparse «de estos temas porque estas cuestiones tienen que ver con la república y la democracia» como también «con la independencia del Poder Judicial y el problema de la concentración mediática» que «no puede pasar desapercibido en el mundo en que vivimos y en el contexto que estamos atravesando», remarcó. Si bien aclaró que no se justifica «la obtención o la intromisión ilegal de ninguna evidencia o de ningún chat o de ninguna conversación» , «lo que surge de esta intromisión ilegal es que compromete el interés público, compromete el interés republicano, compromete la independencia de los Poderes y, por lo tanto, sin duda, habilita a que se haga una investigación».
En este sentido, enfatizó que «más allá de la cadena nacional, cualquier fiscal debería ya promover una investigación» y el «Consejo de la Magistratura hacer lo suyo». Por otro lado, exhortó a todos los que tienen «compromiso con el Derecho, cualquiera sea el rol que ocupemos» no quedarse callados y contó que el sindicato docente de la Universidad de Buenos Aires hizo un planteo a la Facultad de Derecho porque algunas de estos funcionarios judiciales ocupan cargos académicos.
El presidente y abogado del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey, respectivamente, invitaron a un grupo de funcionarios, jueces y fiscales directamente vinculados a causas judiciales en las que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a pasar unos días en Lago Escondido, la estancia patagónica del magnate inglés Joe Lewis, amigo personal de Mauricio Macri. Descubiertos, intentaron esconder esta reunión a través de la confección de facturas truchas y el direccionamiento de la causa en la que se los investiga, dos delitos graves. La estrategia para encubrir el viaje se conoció luego de la filtración de un presunto grupo de Telegram creado el pasado 17 de octubre. El grupo estaba integrado por los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; también Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño; Tomás Reinke, exjefe de Legales de la Side; Leonardo Bergot, también exmiembro de la secretaría de Inteligencia y empresarios del multimedio Clarin.
Erbetta se refirió al chat filtrado y sostuvo que les parece muy delicadas las declaraciones de la periodista de La Nación, «que se convierte en una prueba autónoma de la hipótesis que se denuncia». En este sentido, sostuvo que «estamos en presencia de un testimonio gravitante», y explicó: «Estamos hablando de una periodista del diario La Nación que está, prácticamente, por fuera de la obtención de esta comunicación o la intromisión de manera independiente, está aportando elementos. Pero bueno, yo creo que hay que comprometerse, me da la impresión, yo pongo mucho el acento en esto. Nosotros, además de jueces, enseñamos muchos en la Facultad de Derecho”.
Contó también que hace un mes el papa Francisco le dirigió una carta al presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Penal, en la que apelaba a ejercer la judicatura con compromiso, con pasión, con pleno sometimiento a la aplicación de la leyes y, fundamentalmente, a no quedar supeditado a la ética de las estructuras, que entonces la estructura condiciona la ética de cada uno de los magistrados. «Claro, el Papa manda esta carta que tuvo alguna difusión, la que es requerida por la importancia y por el contenido, y a un mes de esa carta nos encontramos con esa situación puntual. Bueno, qué vigentes las palabras del Papa y que vigente la necesidad de comprometernos, de comprometernos aquellos que tenemos cargos de responsabilidad institucional y comprometernos los que tenemos en la Universidad responsabilidades», agregó.
Por lo que, apeló a «defender la independencia del Poder Judicial que es defender la democracia, y es entender la división de poderes». Y volvió a pedir que «alguien exija el esclarecimiento y, eventualmente, se deslinden las responsabilidades. Es lo mínimo que uno debería escuchar de las instituciones gremiales de abogados, de jueces, etcétera».
«Acá estamos hablando de hechos, no de relatos. Estamos hablando de hechos concretos, no de pensamientos políticos partidarios. Acá estamos hablando de política institucional, no de política partidaria. Acá estamos hablando de democracia, de república y de derecho, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, si los profesores de derecho no quieren hablar de esto, si los abogados no quieren hablar de esto, si los jueces no quieren hablar de esto, la verdad que estamos en una situación bastante crítica», lanzó.
Gentileza La Capital
