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Asistencia económica a victimas

El MPA firmó un convenio con la Caja de Pensiones Sociales Ley 5.110 para instrumentar la asistencia económica a víctimas de delitos

El documento fue suscrito por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, y el director de la entidad, José Luis Rossetto. Se enmarca en lo establecido en el artículo 7 bis de la ley provincial número 5.110, modificada por la ley número 14.177. Al subsidio podrán gestionarlo ante la Caja de Pensiones Sociales Ley 5.110 quienes, entre otros requisitos, sufren incapacidad total o parcial y permanente para trabajar a raíz de un hecho ilícito. También podrán solicitarlo los familiares de personas que hayan fallecido a raíz de un hecho delictivo.

La Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, y el director de la Caja de Pensiones Sociales Ley 5.110, José Luis Rossetto, firmaron un convenio en la Fiscalía General en la ciudad de Santa Fe. La finalidad del documento suscrito es instrumentar el otorgamiento de asistencia económica a víctimas de delitos, según lo establecido en el artículo 7 bis de la ley provincial número 5.110, modificada por la ley número 14.177.

El subsidio es de origen no contributivo y está destinado a personas que, como consecuencia de un hecho ilícito, sufren incapacidad total o parcial y permanente para trabajar. Además, entre otros requisitos legales, los potenciales beneficiarios no podrán ser declarados autor, coautor o cómplice del delito.

También podrán recibir la asistencia integrante del grupo familiar conviviente de personas que haya fallecido a raíz de un ilícito.

De acuerdo con lo convenido, el MPA brindará la información necesaria referida a la condición de víctima del potencial beneficiario. En tal sentido, en los casos en los que el MPA constate e informe el carácter de víctima, la Caja de Pensiones Sociales Ley 5.110 será la que analizará la acreditación de ése y de los otros requisitos exigidos para percibir el subsidio.

Vranicich valoró que “trabajamos para garantizar el efectivo ejercicio de todos y cada uno de los derechos que tienen las personas afectadas por delitos penales”, y remarcó que “el acompañamiento a las víctimas es uno de los ejes prioritarios de nuestra gestión”.